Por: Gillio Alessandro Francesa Campos, Director de Planificación Urbana de la Municipalidad de Montes de Oca.
La constante visitación de curiosos caminantes y ciclistas de montaña parece haber generado daños en el Parque Nacional y por este motivo SINAC, desde una visión exclusivamente ambiental, ha ordenado el desmantelamiento del misterioso “Blue Bird” que, sin explicación, apareció un día en medio del bosque de San Rafael de Heredia.
Quizá parezca una solución lógica para el sector ambiente, pero es una gran pérdida para el turismo, la cultura y la economía, sectores que no tuvieron la oportunidad de presentar sus propias soluciones a este singular “problema”, porque nuestro esquema sectorial de gobierno otorga rectorías a instituciones “especializadas” en resolver temas específicos y no promueve el trabajo interdisciplinario.
Lo opuesto es un esquema de gobierno territorial y subsidiario (cercano al territorio y sus habitantes), en el que todos los sectores de la administración responden a una misma estructura de mando, que permite a las distintas oficinas técnicas aportar a la solución integral de problemas.
Durante sus procesos de planificación, un gobierno territorial puede integrar a diversos sectores para dar solución al problema de uno solo. En este caso, la oficina ambiental pudo haber contado con el apoyo de expertos en turismo, economía, ingeniería y otras disciplinas para dar una solución integral al problema.
Nuestros municipios ya funcionan de esta manera, pero sus alcances aún están muy limitados, tanto por sus competencias como por su escala. No tienen la potestad legal para tomar o dirigir todas las decisiones que impactan directamente su territorio, y su territorio es demasiado pequeño como para hacer la diferencia. En nuestro país existen tantos “mini-cipios” que su actividad está también fragmentada y si cada uno tomara todas las decisiones sobre sus territorios, inevitablemente afectaría a sus territorios vecinos.
De hecho, esto ya ocasiona problemas y contradicciones en las áreas limítrofes, pues las diferencias entre las políticas y la regulación de las áreas urbanas confunden al ciudadano promedio y generan inconvenientes y presiones innecesarias a la sostenibilidad del territorio. Montes de Oca, por ejemplo, acaba de declarar “ecológico” su distrito de San Rafael, mientras La Unión y Goicochea permiten el desarrollo de condominios en esta misma cuenca geográfica, esto confunde al sector construcción y genera presiones innecesarias para el nuevo distrito ecológico.
En Europa los pequeños municipios históricos se agruparon en gobiernos son regionales. Las regiones planifican el territorio, abordan estas problemáticas y ordenan a los municipios, a los concesionarios y a los prestadores de servicios atender los problemas de la población según los planes de desarrollo de cada región.
En Costa Rica, dictar normas de Planificación Urbana es potestad consitucional de los 81 Concejos de las 81 municipalidades del país. A ellos los asesoran sus 81 oficinas técnicas de planificación territorial, que están a cargo de los 162 alcaldes y vicealcaldes del país. Por ley y decreto administrativo, esta disciplina está también supervisada por cuatro instituciones del gobierno central: INVU, MIVAH, BANVHI y SETENA. Pero ejecutan las obras los administradores de servicios e infraestructura como: concesionarios, CNFL, ICE, RACSA, AYA y MOPT; quienes realizan sus planes de trabajo de forma independiente y sectorial entre sí.
En este escenario, la participación ciudadana queda -trágicamente- como un “saludo a la bandera”, porque después de que cada uno de estos actores decide -naturalmente- ya no queda nada que decidir.
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La unificación de la institucionalidad en una estructura regional podría ser la solución para reducir costos al Estado y promover inversiones eficientes. Una estructura regional, permitiría fundir los 162 puestos de alcaldías y vicealcaldesa, con sus 81 oficinas de planificación del territorio, para constituir 6 o7 regiones administrativas, cada una con su propia cede subsidiaria, por ejemplo: Ciudad Quesada, San Isidro de Pérez Zeledón, Puntarenas, Liberia, San José y Guápiles, cada una con su Concejo, su Gobernador y su oficina de planificación territorial.
Las regiones podrían asumir muchas de las responsabilidades que actualmente tiene el Ejecutivo, permitiéndole decrecer significativamente, permitiendo a las regiones competir y liberarnos de cargas tributarias. Los municipios que existen hoy día, se podrían convertir en operadores de servicios eficientes, que reciben dirección política del gobierno regional y ejecutan sus planes bajo la supervisión de gerentes de carrera administrativa, en lugar de alcaldes que pueden no tener la formación o la experiencia necesarias para ser un administrador territorial.
Desde la experiencia, se puede afirmar que la debida coordinación que debe existir entre los entes públicos es ilusoria en un esquema tan sectorial y fragmentado y que posiblemente, si seguimos así, tendremos muchos más impuestos y muchos menos territorios místicos.
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