Por: Mario Vargas, Administrador de Empresas y Gerente General de Grupo EULEN Costa Rica.
En julio de 2017, más de 1,4 millones de personas se quedaron sin luz en Costa Rica. Dejaron de funcionar semáforos y se reportaron más de 70 accidentes de tránsito. El apagón afectó sistemas de distribución de agua potable y el aeropuerto internacional Juan Santamaría suspendió su operación por alrededor de 30 minutos para retornar sin la totalidad de sus servicios. Las calles más transitadas registraron escenas de caos, los comercios cerraron y pasaron horas hasta que el país regresó a la normalidad.
¿Qué sucedió? Se produjo un fallo en una de las llamadas infraestructuras críticas —en este caso la red de distribución eléctrica— que brindan servicios esenciales para la población. Una situación similar podría volver a ocurrir en cualquier momento. Imaginemos si en plena pandemia se vieran afectados los servicios de salud; las consecuencias serían catastróficas.
La definición de infraestructura crítica varía según el país. Para la Comisión Europea, se trata de “aquellas instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información, cuya interrupción o destrucción tendría un impacto mayor en la salud, la seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de los gobiernos…”. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que “proteger y garantizar la continuidad de la infraestructura crítica es esencial para resguardar la seguridad, la salud pública, la vitalidad de la economía y el estilo de vida estadounidense”
Los países que mejor protegen sus infraestructuras críticas no solo las han definido, sino también enlistado los sectores en los que se desarrollan (energía, agua, transporte, salud, comunicaciones, finanzas, gobierno, entre otros) y reconocido la interconexión que las caracteriza. Han evaluado en detalle su criticidad y estudiado sus interdependencias. Además, estas naciones —entre ellas EEUU, Canadá, España— cuentan con un marco legal y organizacional robusto para hacer frente a la prevención, protección y estrategia de resiliencia de estos activos.
Ahora bien, ¿en qué situación está Costa Rica? ¿puede el Estado costarricense garantizar la seguridad de sus infraestructuras críticas? La respuesta no es tan sencilla. En nuestro país, la Ley Nacional de Emergencias y Prevención de Riesgos (No. 8488) identifica como instalaciones vitales a las redes de agua y alcantarillado, los sistemas de telecomunicaciones, sistemas energéticos (centrales eléctricas y redes, así como oleoductos y gasoductos), la infraestructura de transporte (incluyendo carreteras, puertos y aeropuertos) y la salud.
Sin embargo, como indica el informe Gobernanza de la resiliencia en la infraestructura crítica en Costa Rica presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) “no existe una evaluación nacional sistemática o sectorial de criticidad que clasifique cada sector enumerando los activos individuales que los componen por su criticidad. De manera similar, el gobierno costarricense no realiza evaluaciones de interdependencia para la infraestructura crítica, ni mantiene un inventario crítico de activos”.
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Esto implica que dependemos de las evaluaciones que cada operador (ICE, AyA, Recope, etc.) eventualmente realice. Si aceptamos que toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, tenemos motivos para anhelar que se fortalezcan los procesos que garanticen la continuidad de estos activos.
El estudio detalla que en Costa Rica solo se realizan intercambios y coordinación intersectorial limitados entre los operadores (en su mayoría públicos) y el gobierno, mientras la experiencia internacional indica que la colaboración público-privada y la generación de plataformas intersectoriales más amplias son efectivas para fortalecer la resiliencia esperada.
Por ejemplo, en España el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Criticas reúne a actores públicos y privados que asesoran al Secretario de Estado de Seguridad y coordinan a las reparticiones públicas y los gestores de infraestructuras esenciales.
La pandemia de la Covid-19 ha dejado aún más en evidencia la relevancia de los activos críticos. Los Estados deben realizar exhaustivos análisis de riesgo, anticiparse y asegurar la resiliencia de sus infraestructuras. En Costa Rica, desde el sector privado podemos aportar conocimiento y experiencia para alcanzar estos objetivos cuanto antes. No debemos esperar al próximo desastre.
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