Por: Diana Cuisset, Directora Asuntos Públicos de CLC Comunicación Guatemala
Desde Guatemala el equipo CLC Comunicación afiliada a LLORENTE & CUENCA, ha desempeñado un papel importante en el fortalecimiento de las alianzas público-privadas para lograr la reactivación económica del país. Lo que se ha encontrado en el camino, es que existe una ineficiente e insostenible provisión de servicios en infraestructura, que caracteriza a la región centroamericana, debido a que la misma sea mayoritariamente inversión pública, representando uno de los factores que limita el progreso del desarrollo sostenible.
Un ecosistema en políticas de desarrollo en materia de alianzas público-privadas (APP), cuenta con los siguientes ejes: el factor económico, el factor social y el factor ambiental. Estos factores son claves para el crecimiento económico, y social, de las comunidades, ya que estos interactúan de manera directa al favorecer el acceso a la población de los servicios de educación, salud, ocio, para facilitar el suministro de agua, y energía, entre otras variables.
De acuerdo al informe de infraestructura: La clave del crecimiento para América Latina, del Banco Interamericano de Desarrollo, publicado en 2019, indica que la brecha de inversión en infraestructura asciende al 2.5 por ciento del PIB de la región, lo que se traduce en US$150 millones por año que los gobiernos dejan de invertir por no contar con los recursos financieros suficientes.
Y para enfrentar ese déficit, las asociaciones público-privadas permiten al sector privado asumir roles en el sector de infraestructura que son tradicionalmente públicos. Este modelo de asociación, permite que los gobiernos accedan al financiamiento necesario para garantizar los servicios a la población y a los agentes económicos. En ese sentido, la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de servicios conexos poseen varios efectos positivos en el desarrollo de un país.
En la región centroamericana, Guatemala y Honduras comparten particularidades similares bajo el esquema de APP, ya que ambos países comparten con El Salvador, la condición o regla constitucional de una aprobación legislativa a cada proyecto de obra bajo este modelo. A pesar que se cuenta con instituciones especializadas para proyectos APP, mediante participación de los privados, con transparencia en los procesos de licitación y normas encaminadas a la planificación integral de los territorios.
Esto significa un arma de doble filo, debido que el clima de negocios y la competitividad del país, dependen del consenso político o voluntad política de los diputados, teniendo un impacto en el entorno del ecosistema creado para las asociaciones público-privadas.
En ese sentido, el equipo de especialistas en asuntos públicos en Guatemala, nos hemos dado a la tarea de reforzar esos vínculos ya existentes en el ecosistema público y privado, gestionando la incidencia política con integridad y ética, para promover alianzas que permitan la viabilidad política real sobre el estado de situación del modelo de las alianzas público-privadas.
La agenda 2030 marca el camino con el objetivo 17: Alianza para lograr los objetivos, en un mundo cada vez más interconectado, al mejorar el acceso a la información con base científica a los actores, como una forma importante de intercambiar y propiciar la coordinación de políticas para el desarrollo. Asimismo, trabajando con el principio 10 del Pacto Global dedicado a la anticorrupción; en el cual se promueven que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.
Es un principio orientador a nuestro que hacer en nuestro acercamiento con el legislativo. Sobre todo, luego de una era post CICIG, la lucha contra la corrupción es un llamado especial, en el triángulo norte para todo los actores desde los ámbitos público, privado, cooperación internacional, acádemia, sociedad civil y empresa así como terceros, a continuar con integridad y transparencia para incrementar el clima de negocios, y fortalecer la institucionalidad para garantizar un Estado de derecho y bienestar.
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Otro de los elementos destacables en esta labor de impulsar este tipo de modelo, es la capacidad de adaptar la comunicación asertiva con los actores, en un ambiente político, altamente vulnerable a la sensibilidad de la coyuntura política. Se enfrenta el desafío de avanzar con pequeños mínimos de retorno, frente una agenda legislativa estancada y poco fiable para la aprobación de iniciativas que favorezcan la reactivación económica en materia de APP.
Sin embargo, esos mínimos de retorno, se han vuelto tangibles, en el momento que se ha posicionado recientemente, en la agenda de la opinión pública, en foros de cámaras comerciales, y sobre todo, que más diputados estén interesados en conocer de primera fuente, la actualización de este tipo modelo y de los proyectos que vendrían al aprobarse.
Finalmente, ajustar la estrategia es la mejor opción en este tipo de ambientes altamente cambiantes, sobre todo cuando se trata de crear acercamientos con el legislativo. La experiencia, nos dicta que no existen acuerdos per se, hasta que estos se abordan punto por punto con los actores para la construcción de alianzas sostenibles.
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