Por Raquel Sánchez, Aquitecta
A pesar de los comentarios de la mayoría de los conductores de carros, Costa Rica ya empezó a instaurar un cambio en la movilidad, no solo con la construcción de las ciclovías, sino con la aprobación de la ley 9660: Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística. Esta ley se enfoca en la democratización del uso del espacio público. Las calles actualmente se comparten entre peatones que caminan en las vías con o sin aceras, ciclistas que pedalean con o sin ciclovía y vehículos de motor.
A nivel mundial, desde los años 60 se instauró una cultura basada en los automóviles y en su estilo de vida. Hoy, 60 años después, se ven las consecuencias en contaminación, muertes por accidentes en carretera, y alteración en las prioridades de establecimiento del espacio público.
El Organismo de Nacionales Unidas colaboró en el compromiso de 193 naciones para cumplir con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, específicamente con el objetivo 3 y la meta 6, a saber; “reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo” para el 2020. Lamentablemente, según los datos de COSEVI, esta meta no se cumplió. Como se muestra en la imagen, no se logró una reducción de más de un 10%.
Por lo que, en Costa Rica, la ley 9660 se establece con dos principios sólidos: pirámide invertida de la movilidad y la pacificación del tránsito. La pirámide invertida de movilidad busca reorientar la movilidad para hacerla segura y sostenible en el uso de los espacios públicos y los distintos medios y modos de transporte. Bajo este esquema, el personaje más importante en la escena del uso de espacio público es el peatón primero, luego el ciclista, posteriormente el transporte de carga y por último el vehículo privado.
La lógica corresponde a que la relación de cuidado personal de alguien que transite por carretera debe ser proporcional al tamaño, fuerza y velocidad del vehículo que conduzca.
Actualmente el peatón es quien se cuida las espaldas en caso del tránsito de un vehículo, no al revés. La pirámide invertida, indica que el conductor de vehículo privado debe cuidar a los peatones, como se muestra en la siguiente imagen.
Una forma de acelerar el fortalecimiento de nuestra cultura de bicicletas como medio de transporte antes tener la infraestructura necesaria, es conectando las principales sendas peatonales con las ciclovías y transporte público.
El segundo principio de la ley 9660 es la pacificación del tránsito. Esta consiste en comprender quienes son los usuarios de medios de la movilidad activa de la vía pública y que son la prioridad para proteger en una ciudad, para lo cual se debe tomar las medidas necesarias.
Una de ellas es reducir la velocidad de los vehículos automotores en los centros de ciudad. Otra es la designación de ciclovías bidireccionales separadas de la calle y la acera, o bien que pertenezcan a una calle cuya velocidad máxima de circulación sea 30km/hr, y con prioridad para ciclistas en las intersecciones. Tal como se construyó en Upala, según la fotografía de BiciBus en su página oficial de Facebook.
Las buenas prácticas indican que las ciclocivias deben ser rutas de conexión directas, seguras, cómodas y amortiguadas de los demás vehículos. Según los estudios realizados por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda de Chile, las intervenciones con demarcación y señalética no superan el 30% de efectividad en la reducción de atropellos”, mientras que las medidas físicas reducen hasta un 70%. No obstante, cualquiera de estas medidas es inefectiva si no se previene una actitud temeraria de parte de los conductores. Por lo que la ley contempla educación vial desde las escuelas y colegios.
La administración de las ciclovías es responsabilidad del gobierno local. De hecho, en una entrevista dada al periódico La República, diputado Roberto Thompson indicó: “Me parece que las municipalidades son las que pueden impactar en ese cambio de paradigma en conjunto con el MOPT, con el Incofer y otros grupos que están promoviendo temas de movilidad urbana, estos esfuerzos son una apuesta al futuro y cumplir responsablemente con las nuevas generaciones”.
El señor Thompson tiene razón, ya que según esta ley son las municipalidades quienes pueden destinar recursos del mantenimiento de la red vial cantonal para las ciclovías. Además, son las municipalidades quienes pueden acceder a fondos de organismos internacionales para reducir el impacto ambiental de las emisiones de CO2. Marcel Soler, el alcalde de la Municipalidad de Montes de Oca, insta a pensar en la cantidad de las personas que usarán la ciclovía en el futuro, en vez de la cantidad de personas que la utilizan hoy.
Por lo que se concluye que se cuenta con los datos técnicos y con la anuencia política de algunos de los tomadores de decisiones, por lo que se puede pensar que el país está bien encaminado. No obstante, no se debe desistir en ellos esfuerzos en la toma de conciencia para eliminar las excusas actuales de los detractores para hacer el cambio de paradigma en la movilidad activa, porque Costa Rica ya es un país de bicicletas.
Algunos de los ligares donde las ciclovías son una realidad. Fotografías tomadas del canal de Youtube de MRC Media, video Rotonda de las Garantías Sociales desde la perspectiva ciclista.
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